La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la cual se incorporará el acecho como una modalidad específica de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.
Con esta decisión, se adiciona un artículo 16 Ter a la ley, que define el acecho como una conducta que puede manifestarse de forma presencial o mediante medios digitales y tecnológicos. Esta conducta incluye acciones como amenazas, seguimiento, vigilancia o comunicación insistente y no deseada, realizadas en al menos dos ocasiones y que provoquen miedo, angustia o afectaciones a la integridad física, emocional, psicológica o patrimonial de las víctimas.
La propuesta, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue respaldada por diputadas de todas las fracciones, aunque no sin reservas. María Teresa Ealy, de Morena, reconoció que el dictamen representa un avance para visibilizar prácticas históricamente minimizadas, pero advirtió que la redacción aún presenta vacíos legales y definiciones poco precisas.
“No podemos permitir que una ley tan importante quede con ambigüedades. Si no definimos con claridad qué es el acecho, corremos el riesgo de aplicarla de forma equivocada”, señaló la legisladora.
A pesar de las observaciones, la reforma fue aprobada por mayoría, con solo una abstención. Diputadas de distintas bancadas coincidieron en que los señalamientos de Ealy podrían retomarse en una futura reforma al Código Penal Federal, actualmente en análisis en la Comisión de Justicia.
Durante la misma sesión, se aprobó un exhorto dirigido al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que refuerce las políticas públicas que combatan la violencia de género, luego de que se revelara un incremento alarmante de feminicidios en la entidad.
Según la propuesta presentada por la panista Annia Sarahí Gómez, en 2023 Nuevo León ocupó el quinto lugar nacional en feminicidios, y en 2024 escaló al tercer sitio, con al menos 60 casos registrados en lo que va del año.
El tema de la violencia contra las mujeres volvió a encender el debate cuando las legisladoras retomaron el caso del exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a quien el pleno de San Lázaro decidió mantenerle el fuero, desechando la petición de desafuero presentada por la Fiscalía General del estado, que lo acusa de presunto intento de violación.
La presidenta de la Comisión de Igualdad, Anais Burgos (Morena), reiteró que el órgano legislativo ya remitió su opinión a la Sección Instructora sobre el caso, pero denunció que el sistema patriarcal sigue enquistado en el Congreso. “Se protegió a un hombre y se violentó políticamente a las mujeres diputadas que votamos con convicción”, declaró.
En tono crítico, Anayeli Muñoz, diputada de Movimiento Ciudadano, calificó el rechazo al desafuero como un “día negro” para el país. “Fue un mensaje devastador para las mujeres mexicanas. Me duele como mujer, me decepciona como legisladora y me indigna como feminista. Es momento de romper con la lógica patriarcal que domina esta Cámara”, afirmó.
Otras legisladoras, como Vanessa López Carrillo (PT), llamaron a la congruencia: “No basta con proclamarnos feministas. Si alguien no tiene nada que temer, que enfrente a la justicia como cualquier ciudadano. Cuauhtémoc Blanco debería renunciar a su fuero”.
Muñoz también denunció que las críticas públicas tras la votación se enfocaron exclusivamente en las diputadas, mientras que los legisladores hombres involucrados en la defensa del exgobernador han pasado prácticamente desapercibidos.
Nombró directamente a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva; al diputado del PVEM, Raúl Bolaños; a Pedro Haces de Morena; al priista Rubén Moreira; y al presidente de la Sección Instructora, Hugo Éric Flores, como actores clave en la decisión que, según dijo, “protegió al poder masculino por encima de los derechos de las mujeres”.
Fuente: La Jornada