Violencia escolar en Altamira reactiva buzones de quejas y estrategias de prevención
La reciente riña registrada en el Cetis 78 de Altamira motivó a las 31 instituciones de la Dgeti en Tamaulipas, que atienden a 54 mil estudiantes, a retomar y reforzar sus estrategias de prevención de conductas violentas, incluyendo la revisión constante de los buzones de quejas estudiantiles, que habían quedado en desuso.
Olegario Muñiz Cura, coordinador de la Dgeti en el estado, explicó que los buzones son revisados semanalmente para identificar posibles conflictos:
“Este es un espacio donde puede depositar inquietudes cualquier maestro, alumno o padre de familia de manera anónima, y cada semana se abre para atender lo que llega. Es una forma de detectar y atender posibles problemas desde su inicio”, señaló.
Aunque la existencia de estos buzones no es nueva, los hechos en Cetis 78 evidenciaron que su funcionamiento y seguimiento eran insuficientes. “Estas experiencias nos permiten retomar lo bueno que existe y prevenir situaciones mayores”, agregó Muñiz Cura.
En el marco de esta reorganización, Julio César Barrón, director del Cetis 78, fue reasignado al Cetis 109 en Ciudad Madero, pero ahora desempeñándose como maestro, sin funciones directivas.
La Dgeti confirmó que los alumnos involucrados en actos violentos serán atendidos por la Fiscalía del DIF y por Sipinna, bajo un esquema de seguimiento psicológico. “Los estudiantes reciben un número determinado de sesiones, tras las cuales regresan a sus instituciones con apoyo de nuestra red de atención”, indicó la autoridad.
Quejas por malos tratos en escuelas de Altamira
En paralelo, un caso de presuntos abusos en la primaria Isauro Alfaro de Altamira ha derivado en cinco quejas ante Derechos Humanos desde 2019. Los denunciantes, principalmente maestros, señalan malos tratos y discriminación por parte del director José Luis Chávez García, incluso en la administración de recursos del programa federal La Escuela es Nuestra, que debe ser manejado únicamente por un comité de padres de familia.
Édgar Cruz, abogado de los docentes afectados, afirmó que estos conflictos han provocado cambios de personal y que algunas denuncias, la más reciente de febrero de 2025, aún no reciben respuesta por parte de las autoridades competentes.
“No son casos aislados. Los maestros han tenido que solicitar traslados a otras escuelas y nosotros estamos retomando todos los procesos pendientes ante Derechos Humanos”, puntualizó.
La Dgeti reafirmó su compromiso de supervisar que ningún caso de violencia quede impune y de garantizar que las instituciones educativas funcionen con protocolos claros de prevención y atención.
Fuente: Milenio