La Revolución Ciudadana (RC), liderada por Rafael Correa, atraviesa uno de sus momentos políticos más complejos desde su salida del poder. A la reciente derrota presidencial frente a Daniel Noboa se suma un proceso de desgaste interno que afecta tanto a su bloque legislativo como a las administraciones locales que aún controla.
En la Asamblea Nacional, la otrora poderosa bancada de RC enfrenta una paulatina desintegración. A la pérdida de influencia en la configuración de mayorías legislativas se han sumado deserciones, disputas internas, escándalos mediáticos y hasta denuncias penales graves, lo que ha debilitado la cohesión del movimiento.
La fragmentación ha trascendido el ámbito parlamentario. Tres de las figuras correístas con cargos locales enfrentan crisis simultáneas que no solo minan su capital político, sino que agravan las tensiones dentro del movimiento. Las fricciones ya no solo provienen de la oposición, sino desde el mismo seno de la organización.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta una tormenta política por varias vías. El caso más grave es el denominado Caso Triple A, una investigación iniciada en julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía, que lo vincula con una presunta red de comercialización ilegal de combustibles. Además de Alvarez, el caso involucra a otras 15 personas y seis empresas.
A esto se sumó la suspensión del paso elevado en la Avenida del Bombero, ordenada por el Ministerio de Ambiente, bajo el argumento de impactos ambientales. La decisión fue ejecutada por la prefecta de Guayas y correísta Marcela Aguiñaga, lo que desató un nuevo episodio de confrontación interna.
La disputa con el Gobierno central también se intensificó luego de que el presidente Noboa retirara al Municipio la competencia para construir el Quinto Puente, alimentando la narrativa de victimización del alcalde.
El golpe más reciente vino desde la Asamblea, donde el sentenciado por corrupción Daniel Salcedo aseguró, sin aportar pruebas, haber conocido a Alvarez antes de su elección. El alcalde calificó estas declaraciones como parte de una campaña sistemática en su contra.
En Quito, el alcalde Pabel Muñoz se ha visto debilitado políticamente por la crisis de agua que afecta a más de 400.000 personas en el sur de la ciudad desde el 9 de julio. A diferencia del respaldo gubernamental que recibió durante los incendios de 2024, esta vez el Ejecutivo lo ha acusado de negligencia e ineficiencia en la gestión del problema.
La tensión escaló cuando Muñoz respondió que el Gobierno no lo había contactado para coordinar una solución y que no tenía tiempo para escuchar sus críticas. En paralelo, funcionarios del Ejecutivo, incluidos la vicepresidenta María José Pinto y miembros del COE, llegaron con tanqueros y plantas potabilizadoras, lo que expuso aún más al alcalde quiteño ante la opinión pública.
El deterioro de su imagen podría impactar directamente en el proceso de revocatoria de mandato que avanza desde abril. Hasta el momento, se han recolectado más de 230.000 firmas.
En Azuay, el prefecto Juan Lloret también enfrenta un frente abierto, aunque de menor escala. El exconsejero de Participación Ciudadana, Juan Guarderas, lo denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunto proselitismo a favor de la entonces candidata presidencial Luisa González durante la campaña de 2023.
Guarderas ya logró sanciones similares contra otras figuras de la RC, como la exvicepresidenta Verónica Abad y el propio alcalde Pabel Muñoz. Este tipo de procesos ha obligado a las autoridades locales del movimiento a reducir su visibilidad electoral, debilitando su capacidad de movilización territorial.
La narrativa de persecución y traición, reiterada por Rafael Correa, intenta cohesionar a las bases del movimiento. Sin embargo, las fracturas internas, las denuncias externas y la pérdida de influencia política revelan un deterioro estructural que va más allá de los discursos.
El correísmo, que durante años logró mantener posiciones de poder incluso fuera del Ejecutivo, hoy enfrenta un escenario incierto, con sus principales bastiones locales bajo presión y sus liderazgos cada vez más cuestionados.
Fuente: Primicias