El Congreso de Michoacán discute actualmente tres iniciativas que buscan frenar la difusión de contenidos musicales que glorifican al crimen organizado, particularmente los llamados narcocorridos.
En medio de una creciente preocupación por la violencia en varias regiones del país y tras hechos como el hallazgo de un campo de exterminio en Jalisco o la aparición de líderes criminales en eventos masivos, el Legislativo michoacano evalúa propuestas para regular expresiones culturales que normalicen la figura del delincuente.
Las iniciativas han sido presentadas por los diputados Octavio Ocampo Córdova (PRD), Eréndira Isauro Hernández (Morena) y Carlos Alejandro Bautista Tafolla (independiente). Todos coinciden en que, sin vulnerar la libertad de expresión, es urgente poner límites a mensajes que fomentan la apología del delito.
La propuesta de Ocampo, presentada en febrero, plantea sanciones de hasta 180 jornadas de trabajo comunitario a quienes promuevan el delito o el consumo de drogas a través de medios, redes sociales o expresiones artísticas. Por su parte, la legisladora Eréndira Isauro propone restringir la interpretación de narcocorridos en actos públicos, mientras que Bautista Tafolla sugiere penas de seis meses a tres años de cárcel y faculta a las autoridades para suspender espectáculos que incurran en apología del crimen.
A estas propuestas se suma una iniciativa anunciada por el secretario de Gobierno estatal, Carlos Torres Piña, para prohibir espectáculos que promuevan actividades ilícitas, incluyendo no solo conciertos, sino también eventos como peleas de gallos.
El debate se ha intensificado a nivel nacional. Varios estados —como Nayarit, Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Querétaro y Guanajuato— ya han adoptado medidas similares. En Jalisco, el gobierno presentó una iniciativa en el mismo sentido, y en Chihuahua, el cantante Natanael Cano fue multado por interpretar narcocorridos.
Uno de los casos más polémicos fue el de Los Alegres del Barranco, quienes proyectaron imágenes de “El Mencho” en dos conciertos consecutivos, lo que generó indignación pública. Más recientemente, el cantante Luis R. Conriquez fue agredido por negarse a interpretar narcocorridos durante su presentación en la Feria del Caballo 2025.
El debate jurídico se centra en el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho de las juventudes a crecer en un entorno libre de violencia. La Suprema Corte ha revisado casos similares, y algunos estados han optado por sanciones administrativas limitadas a eventos públicos.
No es la primera vez que este debate se presenta en Michoacán. En 2016, el Congreso local otorgó un reconocimiento a Los Hermanos Jiménez, conocidos por interpretar corridos sobre el narcotráfico, lo que provocó duras críticas de la sociedad civil.
Hoy, con tres propuestas en curso y una más en camino, el Congreso enfrenta el reto de legislar sobre un tema sensible que pone a prueba tanto el marco legal como la responsabilidad del Estado frente a los discursos que influyen en la cultura de la violencia.