A pesar de que el Congreso de Nuevo León no ha realizado las modificaciones correspondientes a la reforma judicial nacional dentro del plazo establecido, Arturo Salinas Garza, presidente del Poder Judicial del estado, aseguró que esto no tendrá repercusiones negativas para la entidad.
Durante su participación en el programa Cambios, conducido por Víctor Martínez Lucio, Salinas Garza destacó que la elección de los jueces federales el próximo 1 de junio servirá como referencia para que Nuevo León pueda ajustar su legislación de manera más eficiente.
“Si bien el plazo ya venció, esto no genera una consecuencia inmediata. De hecho, nos permitirá observar el proceso a nivel federal y aprender de él para implementar los cambios de forma más accesible para la ciudadanía”, señaló Salinas Garza.
La reforma judicial ha sido rechazada por Jalisco y Querétaro, aunque ha sido adoptada por la mayoría de los estados gobernados por Morena. En Nuevo León, el Congreso local aún no ha abordado formalmente el tema, aunque los senadores morenistas Waldo Fernández y Judith Díaz presentaron recientemente una propuesta para adecuarla a la legislación estatal.
De acuerdo con Salinas Garza, la reforma permite que cada estado elija entre realizar la renovación judicial en 2025 o esperar a que coincida con elecciones locales. En el caso de Nuevo León, se optó por la segunda alternativa, fijando el proceso para 2027, junto con la elección de la gubernatura, alcaldías y diputaciones.
“Plantear una elección en 2025 habría sido complicado. La reforma establece que los estados pueden renovar el Poder Judicial de manera escalonada y, en nuestro caso, la decisión fue hacerlo en 2027”, explicó.
Actualmente, se han presentado diversas iniciativas de reforma en la entidad. El Congreso local discutirá la propuesta en dos etapas: primero, una aprobación preliminar para abrir el debate y, posteriormente, una segunda votación después de la elección federal de junio.
Salinas Garza advirtió que la reforma judicial traerá consigo importantes desafíos en la administración de justicia. Entre ellos, mencionó el reto de organizar la elección de jueces, el impacto de una renovación total del Poder Judicial y la incertidumbre sobre el futuro de la carrera judicial y la independencia de los jueces.
“La preocupación principal dentro del Poder Judicial, tanto federal como local, es qué sucederá con la carrera judicial y la independencia de las instituciones en este nuevo escenario”, puntualizó.
La reforma judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, convierte a México en el primer país del mundo donde todos los jueces serán electos por voto popular. Su aprobación se dio en medio de tensiones entre el mandatario y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras el bloqueo de varias iniciativas presidenciales.
Fuente: Milenio