ONG exigen al Senado una ley efectiva contra el reclutamiento de menores por el crimen
México
Organizaciones de la sociedad civil urgieron al Senado de la República a revisar la reforma aprobada por la Cámara de Diputados sobre el reclutamiento de menores y avanzar hacia una legislación más sólida que garantice la protección de niñas, niños y adolescentes frente al crimen organizado.
El llamado surge después de que los diputados avalaron cambios al Código Penal para endurecer las sanciones contra quienes recluten menores para actividades delictivas. Sin embargo, especialistas advierten que la modificación se limita a aumentar las penas dentro del delito de corrupción de menores, sin reconocer el reclutamiento forzado como un delito autónomo.
Juan Martín Pérez, coordinador ejecutivo de la organización Tejiendo Redes Infancias América Latina y el Caribe, señaló que la reforma representa una “simulación legislativa”, ya que mantiene un marco jurídico que históricamente ha resultado insuficiente para enfrentar este problema. Según explicó, durante dos décadas de violencia en el país la figura de corrupción de menores no ha sido utilizada de forma efectiva para sancionar el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales.
Las organizaciones advierten que el dictamen aprobado no coloca en el centro a las víctimas, ya que al encuadrar el reclutamiento dentro de otro delito se corre el riesgo de criminalizar a los adolescentes que han sido obligados a participar en actividades ilícitas, en lugar de reconocerlos como víctimas de coerción y violencia.
De acuerdo con estimaciones de colectivos y especialistas, entre 145 mil y más de 250 mil niñas, niños y adolescentes en México se encuentran en riesgo de ser captados o utilizados por redes delictivas, lo que evidencia la dimensión del problema.
Ante este panorama, las organizaciones pidieron al Senado abrir un proceso de parlamento abierto que incluya a especialistas, instituciones y comunidades afectadas para discutir una legislación que tipifique el reclutamiento forzado como delito independiente y garantice un enfoque integral de protección a la infancia. También recordaron que México tiene compromisos internacionales para fortalecer la protección de la niñez frente a este tipo de violencia.
Según los colectivos, el Senado aún está a tiempo de corregir la reforma y establecer un marco legal que reconozca plenamente a las niñas, niños y adolescentes reclutados como víctimas y no como responsables de los delitos en los que fueron obligados a participar.