Elecciones judiciales en Guatemala ponen a prueba la estabilidad democrática
Internacional
En Guatemala está en juego no solo la estabilidad del Estado de derecho y la existencia de un sistema judicial imparcial, sino también la garantía de que las elecciones generales de 2027 se desarrollen de forma democrática. Así lo afirmó Diana Riba, presidenta de la Delegación para las Relaciones con América Central en el Parlamento Europeo, tras una reciente visita al país centroamericano.
Riba subrayó que las elecciones de segundo grado previstas para 2026 serán determinantes, ya que sentarán las bases institucionales para los próximos años. Este año se renovarán el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, además de elegirse al fiscal general y a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Desde la Unión Europea, explicó, existe la intención de acompañar el proceso electoral y respaldar a los países que fortalezcan sus instituciones democráticas. También reiteró el rechazo a cualquier forma de persecución política o judicial contra el presidente o magistrados, en alusión a las controversias que rodearon la investidura de Bernardo Arévalo en enero de 2024.
Tras el cierre en 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), diversas organizaciones han advertido sobre un debilitamiento del sistema judicial. Entre las figuras señaladas se encuentra la fiscal general Consuelo Porras, quien busca la reelección y ha sido sancionada por la UE por presuntamente socavar la democracia.
Denys Martínez, especialista de la organización Impunity Watch, sostiene que el Ministerio Público y las altas cortes han sido cooptados por grupos de poder político y económico, lo que ha generado impunidad y desconfianza ciudadana.
La situación también es seguida por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la ONU. El relator especial Bernard Duhaime ha advertido sobre la falta de avances en la investigación y sanción de crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como en casos de adopciones internacionales ilegales ocurridas tras el conflicto armado interno.
En este contexto, analistas consideran que las elecciones de 2026 representan una oportunidad crucial para renovar el sistema judicial, aunque persisten dudas sobre la independencia de las comisiones de postulación encargadas de proponer candidatos.
Para la delegación europea, el proceso no solo impacta en la estabilidad interna de Guatemala, sino también en la región. La seguridad jurídica y la fortaleza institucional son vistas como condiciones esenciales para atraer inversión y garantizar elecciones transparentes en 2027.