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Ataques de EE.UU. en el Caribe y advierte debilitamiento del derecho internacional

 

Ataques de EE.UU. en el Caribe y advierte debilitamiento del derecho internacional

Internacional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó como “extrajudiciales” e “inaceptables” los ataques realizados por Estados Unidos contra supuestas “narcolanchas” cerca de las costas de Venezuela. En una entrevista publicada por el semanario italiano L'Espresso, el mandatario sostuvo que estas acciones “debilitan el derecho internacional” y alimentan críticas sobre “la incoherencia de Occidente”.

Sánchez subrayó que poner en duda el marco legal internacional “es preocupante”, e insistió en que la salida a la crisis en el Caribe debe pasar por el diálogo y por vías pacíficas. Las operaciones estadounidenses forman parte del despliegue militar denominado “Southern Spear”, con el que Washington amplió desde septiembre sus actividades en la región bajo el argumento de combatir redes de narcotráfico supuestamente vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro.

La campaña incluye ataques de precisión contra embarcaciones sospechosas e incautaciones de buques petroleros frente a la costa venezolana. Estas medidas, inscritas en la presión sancionatoria sobre Caracas, han generado reacciones diversas. Amnistía Internacional denunció que la estrategia podría constituir ejecuciones extrajudiciales contra personas sin proceso judicial, mientras expertos de la ONU alertaron que estos operativos deben cumplir estrictamente los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

En Estados Unidos, la Administración Trump ha defendido que la operación busca golpear el narcotráfico y frenar redes ilícitas de financiamiento. Sin embargo, legisladores de ambos partidos han planteado preocupaciones por el riesgo de escalada en la región. En España, la oposición criticó la postura del Ejecutivo, aunque el gobierno socialista reafirmó que actuará en apego al derecho internacional.

Ni la Casa Blanca ni el Pentágono respondieron de inmediato a las declaraciones. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro volvió a denunciar la operación como una violación de la soberanía venezolana y un acto de “piratería”, mientras Washington sostiene que se trata de acciones para desmantelar estructuras criminales.

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