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Cámara de Diputados aprueba reforma a la Ley de Amparo; oposición denuncia retroactividad

 

Cámara de Diputados aprueba reforma a la Ley de Amparo; oposición denuncia retroactividad

Política

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este miércoles la reforma a la Ley de Amparo con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, impulsada por Morena, PT y PVEM. El dictamen fue devuelto al Senado para su discusión final.

La modificación a los artículos 129 y 148, junto con un nuevo transitorio, busca restringir la suspensión de leyes y actos de autoridad en materias fiscales, de seguridad nacional o de interés público, e impedir que los jueces otorguen amparos con efectos generales. Con ello, los fallos judiciales solo beneficiarían a quienes los promuevan, eliminando la posibilidad de que un amparo detenga la aplicación de una norma para toda la población.

El punto más controvertido fue el artículo tercero transitorio, presentado por el morenista Hugo Eric Flores Cervantes, que establece que los juicios concluidos se regirán por la ley vigente y los pendientes por las nuevas reglas. Según el legislador, esto no afecta derechos adquiridos, pero la oposición considera que representa una trampa jurídica que permitiría aplicar la ley de manera retroactiva.

Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la reforma. Rubén Moreira (PRI) acusó a Morena de aprobar el cambio “mientras el país dormía”, y Paulina Rubio Fernández (PAN) calificó el transitorio como “más manoseado que una moneda en un camión”.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, defendió la reforma como un mecanismo para frenar el abuso del juicio de amparo por grandes despachos y deudores fiscales, señalando que hay más de 2 mil créditos fiscales impugnados que suman 100 mil millones de pesos, muchos pendientes desde hace más de 15 años.

El dictamen continuará su análisis en el Senado de la República, donde se discutirá su constitucionalidad y el alcance del polémico transitorio, que, según la oposición, podría afectar la certeza jurídica y la independencia del Poder Judicial en México.

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