La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que ha admitido 59 juicios de inconformidad relacionados con la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las impugnaciones cuestionan la validez del triunfo de Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho.
De estas impugnaciones, dos corresponden a candidatos que participaron en el proceso, mientras que el resto proviene de ciudadanos y del Partido Acción Nacional (PAN).
La presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, ordenó la distribución de estos casos entre nueve ministros para que elaboren los proyectos correspondientes, con el objetivo de que sean analizados en la sesión plenaria prevista para el 12 de agosto, última del actual periodo ministerial.
Previo a esta etapa, la SCJN desechó el pasado lunes el primer juicio de inconformidad presentado, estableciendo un precedente que podría influir en el destino de al menos 57 casos similares. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIE) define que solo los candidatos participantes en la elección tienen legitimidad para impugnar.
Entre los casos admitidos destacan los juicios presentados por Luis Eduardo Jiménez Martínez y Samuel Manuel Mercado Ramos, quienes impugnan los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionados con la sumatoria total de votos que validó la elección de Guzmán y Valle.
Por su parte, el PAN cuestiona el acuerdo del INE que avaló la asignación de cargos de magistrados en la Sala Superior con base en los resultados de la elección, señalando irregularidades en la declaratoria de validez.
Respecto al rechazo inicial, el Pleno de la SCJN coincidió en que Iván Bravo Olivas carece de legitimación para impugnar, ya que no fue candidato en la elección judicial. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo explicó que la legislación vigente limita la impugnación a quienes formalmente participaron como candidatos, y que la calidad de aspirante no es suficiente para tal efecto.
Cabe recordar que Iván Bravo fue representante del PAN ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Durango y ha ocupado cargos judiciales previos. En su impugnación, solicitaba anular la elección en el distrito 4 de Durango, señalando irregularidades en las actas de cómputo y la declaratoria de validez.
La resolución definitiva de estas impugnaciones se espera antes del cierre del mes de agosto, en un contexto donde la elección de magistrados del TEPJF sigue generando debate en la esfera judicial y política.
Fuente: Milenio