Ante las solicitudes de cancelar candidaturas para el Poder Judicial por presunta “mala reputación”, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha confirmado que no tomará esa medida ni asumirá la responsabilidad de cubrir las omisiones de los comités de evaluación. Esto se debe a que, según el INE, no tiene las atribuciones legales ni constitucionales para hacerlo.
El consejo general del INE, de forma unánime, respondió a los presidentes de las cámaras de senadores y diputados que pidieron la cancelación de 26 candidaturas. Ocho de ellas, según la solicitud, no cumplían con el promedio mínimo requerido en licenciatura, y 18 fueron cuestionadas por su relación con investigaciones criminales federales en curso, lo que, según los legisladores, afectaría su reputación.
El INE aclaró que llevará a cabo una revisión de las pruebas contra los candidatos, pero esta se realizará solo después de las elecciones y únicamente para los ganadores.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, destacó que la decisión tomada tiene como objetivo brindar certeza al proceso electoral, sin adelantar juicios definitivos y permitiendo que la elección avance con orden y legalidad. Subrayó que cancelar candidaturas en esta fase podría influir negativamente en las preferencias electorales, lo cual no es el rol del INE.
Los consejeros también señalaron que el Legislativo intenta transferir responsabilidades al INE que corresponden a otros órganos. La consejera Dania Ravel advirtió que aceptar la solicitud sería una invasión de facultades, ya que las evaluaciones de idoneidad deben ser responsabilidad de los comités de evaluación, no del INE.
Por su parte, Uuc-Kib Espadas expresó que el INE ha tomado decisiones sobre problemas no generados por él, pero en este caso no tiene base jurídica para actuar, pues la revisión de los aspirantes le corresponde a los comités técnicos y al Senado, que entregó al INE la lista de candidatos el 12 de febrero.
Carla Humphrey, consejera electoral, también destacó las deficiencias en el proceso de selección de candidatos, pues las autoridades encargadas de registrar a los candidatos no son expertas en el tema. Aclaró que la cancelación de candidaturas solo puede ocurrir después de un análisis de los requisitos de elegibilidad, que se realizará antes de entregar las constancias de mayoría.
En esa fase, el INE podrá evaluar documentos relacionados con sentencias, como las de la iniciativa "8 de 8 contra la violencia", y otros factores como el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias o ser prófugo de la justicia.
Humphrey insistió en que cualquier decisión del INE puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral, pero en este momento no hay base para cancelar candidaturas. En el futuro, el INE verificará que todos los postulados cumplan los requisitos legales antes de emitir las constancias.
Concluyeron los consejeros, incluyendo a Arturo Castillo, Claudia Zavala y la presidenta Guadalupe Taddei, que la decisión adoptada es la correcta para garantizar la certeza del proceso electoral, protegiendo la imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones, sin prejuicios hacia ninguna candidatura o partido político.
Fuente: La Jornada