México
En México, el juicio de amparo surgió como una herramienta jurídica noble: una defensa legítima contra los abusos de poder, un escudo frente a las decisiones arbitrarias del Estado. Se creó para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y restablecer el equilibrio entre el individuo y la autoridad. Sin embargo, como suele ocurrir con muchos instrumentos poderosos, el amparo ha sido también víctima de su propia efectividad… y de quienes han aprendido a usarlo a conveniencia.
En este contexto, aparece una figura que ha hecho del amparo no solo un recurso de defensa, sino un escudo casi permanente. Con doctorado en Derecho, no solo conoce al dedillo el entramado legal, sino que también ha aprendido a moverse hábilmente entre las rendijas del sistema judicial. Su experiencia académica y su ambición política convergen en un punto clave: la Rectoría 2025 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), un cargo al que aspira con vehemencia.
Públicamente, denuncia abusos y violaciones a sus derechos, presentando amparos que le permiten mantenerse en la contienda y librar obstáculos administrativos. Sin embargo, en lo privado —y casi en penumbras— existen otros amparos, solicitudes legales que, por alguna razón, han sido discretamente omitidas del discurso. ¿Casualidad o estrategia? ¿Olvido o conveniencia?
El poder del amparo debería estar al servicio de la justicia, no del cálculo político. Cuando el recurso legal se convierte en una cortina de humo para ocultar intereses personales, el sistema entero corre el riesgo de ser debilitado. La transparencia se diluye, la ética académica se desdibuja, y lo que debería ser una herramienta de defensa se transforma en arma de manipulación.
En este escenario, cabe preguntarse: ¿quién defiende realmente los derechos de la comunidad universitaria cuando las leyes se usan como escudo de unos pocos? La Señora de los Amparos ha demostrado pericia jurídica, pero la ética, como el derecho, también exige rendición de cuentas.