Costa Rica
El gobierno de Costa Rica, bajo la administración de Rodrigo Chaves, no ha logrado cumplir con su plan para repatriar de forma voluntaria a todos los migrantes deportados por la administración de Donald Trump. De los 200 migrantes que llegaron al país desde Estados Unidos, 85 permanecen detenidos en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), ubicado en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.
A pesar del compromiso inicial de recibir 200 migrantes y repatriarlos a sus países de origen dentro de un plazo de 30 días, casi dos meses después, muchos siguen en suelo costarricense. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ha admitido que varios de estos migrantes no han optado por el retorno voluntario asistido, o han solicitado refugio, lo que ha llevado a la institución a implementar un proceso especial para regularizar su situación migratoria.
La resolución administrativa, emitida el 21 de abril y firmada por Omer Badilla Toledo, director de Migración y viceministro de Gobernación y Policía, fue publicada cuatro días después de que The New York Times revelara una denuncia contra Costa Rica ante la ONU. La denuncia acusaba al país de violar los derechos humanos de niños deportados, al mantenerlos detenidos durante casi dos meses en condiciones que podrían causarles daños irreparables.
Aunque la resolución menciona que 94 migrantes aún están en el Catem, la DGME confirmó a La Nación que actualmente son 85 los migrantes deportados de Estados Unidos, de los cuales 31 son menores de edad y 54 son adultos. La mayoría proviene de países como Rusia, Armenia, Turquía y Uzbekistán.
La resolución de la DGME establece que se utilizará una normativa excepcional para regularizar temporalmente la situación migratoria de aquellos que no cumplan con los requisitos migratorios ordinarios. Este procedimiento será aplicable por tres meses, con la posibilidad de extenderlo por otro período similar. Una vez finalizado el plazo, los migrantes deberán abandonar el país o regularizar su situación migratoria conforme a la legislación habitual.
Este acuerdo es el resultado de un entendimiento diplomático entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos, formalizado a principios de este año. El 19 de febrero, el presidente Chaves justificó la repatriación señalando que Costa Rica ayudaba a su "hermano económicamente poderoso del norte", en un contexto de cooperación mutua. En ese momento, Chaves sugirió que el país estaba ofreciendo apoyo como parte de una relación bilateral.
El primer grupo de migrantes llegó a Costa Rica el 20 de febrero, con 135 personas, seguido por un segundo grupo de 65 migrantes. Para facilitar su repatriación, la DGME emitió una resolución autorizando su permanencia en el país por un máximo de 30 días, con posibilidad de prórroga.
La regularización de su estatus migratorio exige que los migrantes paguen un total de $55 para cubrir los gastos administrativos, aunque también se contempla la posibilidad de exonerar estos costos por razones humanitarias o a través de organismos de cooperación internacional.
El permiso temporal otorgado a los migrantes deportados les permite permanecer en el Catem, donde recibirán acceso a servicios básicos, incluyendo alimentación e higiene. Sin embargo, deberán cumplir con las normas del centro. Si desean salir del país, pueden hacerlo sin problemas, o bien optar por el programa de "Retorno Voluntario Asistido" (RVA) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
No obstante, cualquier intento de abandonar Costa Rica automáticamente cancela el permiso de estadía temporal. Además, los migrantes deben mantener una conducta adecuada, ya que el permiso puede ser revocado en caso de delitos, amenazas al orden público o vinculación con actividades criminales.
Esta medida también incluye la presencia de traductores o intérpretes para aquellos que lo necesiten durante el proceso, garantizando que todos los involucrados reciban la asistencia necesaria.
En resumen, el gobierno de Costa Rica se enfrenta a una situación compleja con la repatriación de los migrantes deportados por la administración Trump, al no poder completar el retorno en el tiempo estipulado y con un número significativo de personas aún en el país, a pesar de las medidas tomadas para regularizar su estancia temporal.
Fuente: Nación