El régimen de Nicolás Maduro avanza con su intención de modificar la Constitución venezolana, un proceso que busca ampliar y “modernizar” la carta magna impulsada en 1999 por el fallecido Hugo Chávez. La iniciativa, que se da en el contexto de su cuestionado tercer mandato tras el fraude electoral de 2024, ha generado alarma en la oposición y la comunidad internacional, que temen una mayor concentración de poder en manos del chavismo.
Durante una reunión con la comisión encargada de la reforma, transmitida por el canal estatal VTV, Maduro insistió en que se mantendrá la estructura de la Constitución actual, pero que se ampliarán y actualizarán sus normas con un enfoque “progresista”. Subrayó la necesidad de profundizar en los derechos políticos y fortalecer lo que denominó una “democracia real y directa del pueblo”, aunque analistas advierten que esto podría significar más restricciones para la oposición y la sociedad civil.
El comité que lidera el proceso está compuesto por figuras leales al régimen, como el fiscal general Tarek William Saab, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el diputado Hermánn Escarrá y la esposa de Maduro, Cilia Flores. También participan el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la titular del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Maduro ha dado un plazo de 90 días para presentar un proyecto definitivo, basado en un primer borrador con 80 artículos que hasta ahora no ha sido divulgado. El Movimiento al Socialismo (MAS), un partido opositor, ha alertado sobre el control absoluto del chavismo en este proceso y ha llamado a la unidad de los sectores opositores para enfrentar la reforma.
El anuncio de Maduro ha generado comparaciones con la reciente reforma constitucional aprobada en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega. Las modificaciones en el país centroamericano eliminaron el balance de poderes y otorgaron un control total al dictador y su esposa, Rosario Murillo, quien ahora ostenta el título de “copresidenta”.
En Nicaragua, la Asamblea Nacional –controlada por el oficialismo– reformó 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogó otros 37, incluyendo la prohibición de la tortura. Además, estableció un modelo de “democracia directa” y otorgó al Ejecutivo la facultad de coordinar todos los órganos del Estado, incluyendo el legislativo, judicial y electoral.
Las similitudes entre ambos procesos han encendido las alarmas en Venezuela, donde la oposición teme que la reforma constitucional termine de sepultar las ya debilitadas instituciones democráticas del país y refuerce el control absoluto de Maduro sobre el poder.
La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, mientras Venezuela se encamina hacia un proceso que podría redefinir su estructura política y profundizar su crisis institucional.
Fuente: Infobae