La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles afectaciones a la hacienda pública por un monto de 509.5 millones de pesos en 35 Universidades Públicas Estatales (Upes), según su informe de fiscalización de la cuenta pública 2023.
El reporte señala que estas instituciones presentan deficiencias significativas en materia de transparencia, con demoras en la publicación de informes y envío de información a la Secretaría de Hacienda con inconsistencias y falta de calidad.
En el análisis del control interno, la ASF otorgó bajas calificaciones a tres universidades: la Autónoma de Nayarit, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, debido a deficiencias en su gestión administrativa.
Durante 2023, las Upes se financiaron principalmente con recursos federales etiquetados y fondos de libre disposición. Sin embargo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) advirtió que estas instituciones enfrentaban déficits financieros y retrasos en las transferencias estatales.
En el ciclo 2022-2023, las Upes atendieron a 1.32 millones de estudiantes, con un gasto promedio de 80,736 pesos por alumno. Además, contaban con una plantilla de 289,720 trabajadores, con un presupuesto de 368,501 pesos por empleado.
La ASF realizó 35 auditorías integrales en las que detectó irregularidades por 509.5 millones de pesos. De esta cantidad, 501.1 millones están pendientes de aclaración, mientras que 8.5 millones ya fueron recuperados. Entre las anomalías más frecuentes se encuentran recursos no ejercidos sin ser reintegrados a la Tesorería (133.5 millones), recargos y actualizaciones (124.8 millones) y falta de documentación justificativa del gasto (94.2 millones). También se identificaron pagos indebidos a ex trabajadores, erogaciones sin comprobación y contrataciones en plazas no autorizadas.
En cuanto a transparencia, la ASF evidenció que los informes trimestrales de las Upes se publicaron con retraso y carecían de congruencia y calidad. Además, se señaló que no todas las universidades cumplieron con la obligación de divulgar el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.
Para evaluar la calidad del control interno, la ASF aplicó un cuestionario que midó aspectos como ambiente de control, administración de riesgos, actividades de supervisión y comunicación interna. El análisis confirmó que varias instituciones requieren mejorar sus sistemas de gestión y rendición de cuentas.
Fuente: La Jornada