Tamaulipas
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el Decreto 65-626, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones legales en el estado de Tamaulipas. Entre las leyes modificadas se encuentran la Ley de Aguas, la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, entre otras. Estas reformas fueron publicadas en el Periódico Oficial del estado el 23 de agosto de 2023.
La Corte determinó que el decreto cumple con los requisitos constitucionales y no presenta irregularidades que justifiquen su invalidación. Entre los argumentos destacados para su validación se encuentran:
1. Actualización normativa: El decreto busca modernizar las leyes estatales para alinearlas con la estructura actual del gobierno, específicamente en lo que respecta a la Junta de Gobierno como órgano rector del Congreso del Estado.
2. Proceso legislativo regular: La elección de los integrantes de la Diputación Permanente durante el segundo periodo de receso de la Legislatura 65 no afectó el procedimiento legislativo que dio origen al decreto, por lo que no se consideró una irregularidad.
3. Respeto a la veda electoral: La Corte desestimó los argumentos que señalaban una violación a la veda electoral, ya que las normas reformadas no están relacionadas con materia electoral.
4. Limitaciones de la acción de inconstitucionalidad: La SCJN aclaró que, en este tipo de procesos, no es posible analizar presuntas violaciones a derechos particulares ni el cumplimiento de sentencias de tribunales electorales locales.
El decreto fue impugnado mediante la Acción de Inconstitucionalidad 201/2023, promovida por diputadas y diputados del Congreso de Tamaulipas, quienes argumentaban la invalidez de las reformas. Sin embargo, la Corte concluyó que no existieron violaciones invalidantes durante el proceso legislativo y que las modificaciones responden a una necesidad de actualización y mejora del marco jurídico estatal.
El fallo fue emitido por la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, con la colaboración de las secretarias María del Carmen Tinajero Sánchez y Rosa Elena Montserrat Razo Hernández. Con esta decisión, se refuerza la estructura normativa de Tamaulipas y se garantiza la constitucionalidad de las reformas implementadas.
Fuente: Hoja de Ruta