El gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, enfrenta una grave crisis económica, ahora agravada por una creciente tensión diplomática con Brasil. La cancillería brasileña ha convocado a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, para consultas sobre las relaciones bilaterales, mientras Milei se enfrenta a la justicia por no cumplir con la distribución inmediata de alimentos y abrigos exigida por tercera vez, y por la protección de archivos de la pasada dictadura militar.
El embajador Bitelli se reunió el lunes con el canciller brasileño Mauro Vieira, y próximamente se reunirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin. El motivo de las consultas incluye la participación reciente de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Camboriú, donde se reunió con el exmandatario Jair Bolsonaro, a quien Milei calificó de "perseguido político".
En un gesto considerado provocador, Milei no asistió a la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) celebrada la semana pasada en Paraguay, lo que generó descontento no solo en Lula, sino también en el presidente uruguayo, el conservador Luis Lacalle Pou.
Bitelli intentó calmar la situación, afirmando que se abordarán temas bilaterales que deben avanzar independientemente de las diferencias entre los presidentes, subrayando que lo que ocurra entre ellos no debe afectar la antigua relación entre Argentina y Brasil. Sin embargo, Milei ha insultado repetidamente al mandatario brasileño y se ha negado a disculparse.
Entretanto, la pobreza, el hambre y el desempleo en Argentina continúan en aumento debido a las severas medidas de ajuste y desregulación que afectan gravemente a la población. La justicia ha ordenado nuevamente la distribución de miles de toneladas de alimentos y frazadas almacenadas desde el gobierno anterior, destinados a comedores populares y los más vulnerables. Mientras tanto, Milei sigue viajando por reuniones personales, desatendiendo los principales problemas del país.
Milei, acompañado de su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, regresó recientemente de Estados Unidos, donde asistió a una reunión con empresarios en Silicon Valley en un avión privado, con un gasto millonario que, según se informa, fue pagado por poderosos empresarios israelíes, entre ellos el embajador ante Estados Unidos, Gerardo Werthein. Ahora, Milei planea viajar a Francia por asuntos personales mientras el país enfrenta situaciones críticas, como la desaparición de un niño de cinco años en Corrientes, un tema relacionado con la trata de personas que ha generado protestas y pedidos de justicia.
Además, Milei ha desmantelado organismos que protegían a mujeres y niños, provocando una insurrección en Corrientes. También ha habido protestas en Buenos Aires, con familias enteras demandando acción.
Aunque la imagen de Milei está cayendo en las encuestas, el presidente sigue apoyando a la ministra de Capital Humano, Sandra Petrovello, quien se niega a cumplir las resoluciones judiciales que exigen la distribución de alimentos a comedores populares, ahora ocultos en galpones del ministerio.
Un tribunal de La Plata ha ordenado al ministro de Defensa, Luis Petri, proteger los archivos de la dictadura militar, que están en peligro debido al cierre de una comisión de Derechos Humanos en el ministerio encargada de ordenar y seleccionar documentos cruciales para los juicios de crímenes de lesa humanidad.
Desde el inicio del gobierno de Milei, se ha producido un vaciamiento de espacios de Memoria, como la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), y otros centros clandestinos de detención (CCD), donde se han despedido trabajadores esenciales. La Red de Sitios para la Memoria ha reclamado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU por el riesgo de cierre debido a recortes de financiamiento y personal.
Entre los sitios más afectados está el Centro Automotores Orletti, donde desaparecieron la mayoría de las víctimas de la Operación Cóndor. Otros CCD importantes también enfrentan un vaciamiento inaceptable.
Durante su campaña, Milei advirtió que "las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no tienen lugar en el presupuesto". Como resultado, ha despedido a investigadores clave de la Secretaría de Derechos Humanos y reducido drásticamente las leyes de reparación, el archivo nacional y los espacios de Memoria, paralizando algunas de sus principales áreas.
Fuente: La Jornada