El Congreso del estado de Nuevo León enfrenta una crisis sin precedentes debido a las disputas internas entre las fracciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), que han paralizado las sesiones desde el pasado 7 de febrero. La ausencia continua de la bancada de MC, junto con otros diputados de manera ocasional o deliberada, ha impedido alcanzar el quórum necesario de más de la mitad de sus 42 miembros.
Esta semana, el presidente de la Legislatura, Ricardo Canavati Hadjopulos, solicitó al Instituto Estatal Electoral retirar la representación de 13 diputados de MC, quienes han acumulado más de 45 días de ausencia desde el 7 de febrero, y exigió que se llame a sus suplentes según lo establecido por la ley.
El conflicto se centra en parte en la negativa de los diputados de MC a ingresar al recinto legislativo en protesta por la negativa inicial del presidente del Congreso, primero el panista Mauro Guerra y luego el priista Ricardo Canavati Hadjópulos, a tomar juramento a la suplente Rosaura Guerra.
Rosaura Guerra, quien originalmente ganó su posición como suplente por el PRI pero se unió a MC hace más de siete meses, ha sido el foco de una disputa entre partidos. En febrero, Alhinna Vargas, la diputada propietaria del PRI que renunció por motivos de salud, anunció su regreso, lo que complicó aún más la situación.
El presidente Canavati se enfrentó a un mandato del Tribunal Estatal Electoral para juramentar a Rosaura Guerra, pero la reaparición de Alhinna Vargas como diputada propietaria complicó este proceso.
La tensión se ha exacerbado con acusaciones entre partidos sobre el manejo de la situación. Los diputados de MC han boicoteado las sesiones legislativas en un intento por evitar una sanción al gobernador Samuel García por actos anticipados de campaña y desvío de recursos públicos durante su candidatura presidencial.
La incertidumbre sobre la representación y la capacidad de trabajo del Congreso ha llevado a llamamientos para que los suplentes ocupen los puestos de aquellos que han estado ausentes por más de 45 días, según lo establecido por la ley.
La parálisis legislativa ha generado preocupaciones sobre la capacidad del Congreso para abordar los asuntos pendientes y cumplir con las expectativas de los electores que confiaron en ellos en las elecciones pasadas.
Fuente: El Universal